Implicaciones de la política en las economías modernas.

En la actualidad vivimos en modelos organizacionales de sociedad de orden extenso y altamente complejos, en donde cada agente económico juega un papel a la hora de interactuar con otros agentes para fines productivos. Bajo los modelos democráticos por los que se rigen la gran parte de las naciones actuales, podemos distinguir a un grupo de la sociedad que es el encargado de dirigir la función estatal y, por consiguiente, el rumbo que debe llevar la economía del país a corto y mediano plazo.

Es por ello que es de vital importancia realizar un análisis sobre las implicaciones que los objetivos políticos pueden tener sobre la vida del resto de ciudadanos ya que, en última instancia y como se explicará mas adelante, en muchas ocasiones las decisiones que se tomen sobre política económica son mas afines a intereses de ciertos grupos de presión en beneficio mutuo con la clase política dejando de lado, en primer lugar, las consecuencias de dichas políticas en el largo plazo y el lastre en el desarrollo productivo que en muchas ocasiones se coloca en los hombros de todos nosotros.

Me parece muy oportuno abrir este debate en la coyuntura actual de mi país, Ecuador, ya que se acercan las elecciones presidenciales y el conjunto de la población ya está empezando a escuchar promesas de todo tipo: creación de puestos de trabajo vía obra pública, mayores transferencias estatales, abrir líneas de créditos para emprendimientos, inversión extranjera… en definitiva: promesas, promesas y más promesas. Todo esto nos lleva a preguntarnos si realmente tienen sustento estas propuestas, si realmente los políticos tienen la capacidad de, gracias a su voluntad, conseguir que el país alcance una mayor prosperidad. ¿Nosotros dependemos de los políticos? ¿O talvez son los políticos los que dependen de nosotros?

El proceso de coordinación productivo:

Para entender más claramente las implicaciones de la política en la economía primero debemos de explicar, de forma simple, como funcionan los mecanismos de coordinación en las economías modernas y que implicaciones pueden tener que se alteren dichos mecanismos.

Un país posee una serie de recursos y factores productivos (entre los cuales se incluye el factor trabajo) limitados, que por medio de la coordinación social del proceso productivo busca darles el uso mas óptimo en un espacio y tiempo determinados buscando siempre satisfacer las necesidades de la población. Es aquí donde está la mayor complicación en dicho proceso, buscar esa coordinación entre necesidades humanas y uso de factores para la producción. En un mundo en donde todas las necesidades fuesen perfectamente conocidas o completamente satisfechas, no existiría problema alguno para la coordinación entre necesidades y producción.

Pero, en el mundo actual, no solo las necesidades humanas no son perfectamente conocidas por los productores ni, peor aún, están completamente satisfechas. Dichas necesidades son continuamente cambiantes en el tiempo dada la interacción de millones de agentes individuales que, en base a sus valoraciones subjetivas, toman decisiones.

Es decir, podemos denominar al proceso productivo como un proceso de continuo descubrimiento, en donde se genera un mecanismo de prueba y error que busca encontrarle el uso mas óptimo a cada factor en un momento determinado. Es por ello que podemos concluir que, como poco, una coordinación centralizada del proceso productivo generaría problemas de descoordinación en esa búsqueda del uso mas óptimo de los factores ya que es dudoso pensar que la información necesaria para coordinar dichos procesos pueda ser centralmente conocida y procesada para tomar la decisión mas óptima en cada lugar y momento concreto de un país.

Y es en este punto donde entra el primer problema que genera la política cuando actúa ya que, en muchas ocasiones, el cumplimiento de un determinado programa político puede llegar a dificultar el proceso explicado anteriormente. Cabe recalcar que no toda política económica realizada por el Estado es ineficiente per se. Un Estado óptimo y bien administrado es capaz de proporcionar servicios con mayor beneficio que el coste de oportunidad del uso de los factores que emplea. Por otro lado, es capaz de generar redes de asistencia a grupos socialmente excluidos, todo ello sin la necesidad de entorpecer el proceso de asignación de recursos. Pero es en este punto en donde nos debemos de hacer una importante pregunta: ¿Cuáles son realmente los incentivos de la clase política a la hora de querer llegar al poder?

Conflicto de intereses:

Un objetivo fundamental del conjunto de la sociedad es maximizar la producción a través de mejoras sustanciales en la productividad, lo que nos permite o percibir mayor renta o trabajar menos horas y, de esta forma, ser capaces de satisfacer un mayor número de necesidades en conjunto. Por otro lado, podemos resumir el objetivo primordial de todo político en uno muy específico: llegar al poder. A mi juicio, es aquí donde se produce el conflicto de intereses entre la clase política y el resto de la sociedad en general. Mientras los ciudadanos buscan mejorar su bienestar, los políticos buscan acceder al control del órgano estatal que, como ya mencionamos, tiene la potestad de controlar amplios segmentos del proceso productivo.

Es por ello que, en muchos casos, el político de turno estará dispuesto a proponer un sinfín de medidas que buscan captar la atención de los votantes, independientemente de la viabilidad, sostenibilidad o consecuencias que puedan repercutir dichas medidas en el largo plazo. Por consiguiente, podemos resumir otro problema que causa la política en el conjunto de la sociedad: fijarse únicamente en las consecuencias que determinada medida económica puede tener en el corto plazo y únicamente fijarse en un pequeño sector de la sociedad. Para comprender mejor este punto, pongamos un ejemplo:

En época de campaña electoral, es muy común abrir el debate sobre el salario mínimo que perciben los trabajadores (entre otras cosas porque representan un sector amplio en donde se puede ganar una gran cantidad de votos). Cualquier candidato puede proponer un aumento muy significativo del salario (por ejemplo, del 50%) con el objetivo de captar los votos de la clase trabajadora. El problema de este tipo de propuestas es que se excluye completamente del análisis las implicaciones sobre el conjunto de la economía. Es decir, no se tiene en cuenta el porcentaje relativo que ocupan las PYMES (que tienen menor fortaleza financiera para absorber subidas de salario), los distintos contextos por los cuales se desenvuelven los muy distintos sectores productivos, el nivel de subempleo, desempleo o sector informal etc. Este análisis es estrictamente necesario para evaluar las consecuencias globales de dicha medida económica pero, desgraciadamente, es completamente excluido del discurso político ya que no interesa mostrar las consecuencias negativas a la hora de captar votantes, únicamente interesa mostrar “el lado bueno de las cosas”. De esta forma, el político cumple con sus intereses (captar la atención de un mayor número de ciudadanos) y la sociedad en su conjunto, en caso de que dicho político llegue al poder y aplique la subida del salario, puede verse perjudicada en ciertos sectores incapaces de absorber la subida de los salarios dejando a un número indeterminado de trabajadores desempleados y dificultando la contratación y la inversión en un futuro. Se favoreció a un grupo de la población a costa de perjudicar a otro: a la economía en su conjunto vía menor creación de empleo futuro y se lo disfrazó bajo un discurso político que únicamente le interesa mostrar el lado positivo.

Es por esto que la clase política tiene un gran incentivo a mentir a la población. Bajo la mentira disfrazada de discursos sentimentalistas pueden llegar mas fácilmente a su objetivo antes expuesto (llegar al poder) y, por otro lado, perjudicar y distorsionar el proceso de coordinación teniendo como implicaciones un menor volumen de riqueza disponible para satisfacer unas necesidades que, lejos de desaparecer, siguen surgiendo.

Un caso actual muy claro que, a mi juicio, tendrá serias repercusiones negativas futuras sobre el conjunto de la sociedad, a día de hoy pasa totalmente desapercibido. Como se indicó, el 7 de febrero del 2021 son las elecciones presidenciales en Ecuador, lo cual da lugar al periodo de tiempo en donde mas mentiras se tratan de colocar en la opinión pública por parte de los candidatos. Pero no solo es perjudicial el hecho de mentir, manipular o tergiversar la realidad, también lo es ocultar problemas estructurales que van a perjudicar en el futuro a todos. Me estoy refiriendo concretamente a las pensiones jubilares de Ecuador.

Diversos estudios actuariales concluyen que el sistema de reparto intergeneracional tal y como está estructurado actualmente es insostenible y que, tomando en cuenta varios escenarios posibles, a partir del año 2053 se estructuraría un déficit que dificultaría enormemente el pago de las pensiones. ¿Dónde está el principal problema? En la falta de voluntad política para afrontar las reformas estructurales que necesita el sistema para conseguir la sostenibilidad en el largo plazo. Estas reformas implicarían incurrir en un alto costo político en el cual ningún candidato esta dispuesto a aceptar. Hemos podido apreciar como en los planes de gobierno y debates presidenciales el tema brilla por su ausencia. La gran importancia que se le debería dar es inexistente. Este tipo de conductas deberían ser inaceptables ya que, insisto, nos va a afectar a todos debido a que se traduce en un recorte futuro irreversible de las pensiones públicas, atrasar la edad de jubilación o incluso transitar hacia el tan impopular sistema de capitalización individual. Son temas que no se tratan con la transparencia necesaria para concienciar a los ciudadanos de la importancia del ahorro personal para la jubilación, y que nos deja a merced de las decisiones que los políticos consideren son suficientemente asequibles con sus intereses. 

La política y el Estado como concentración de poder:

Mas allá del claro conflicto de intereses mencionado anteriormente, surge otro problema no menos importante y perjudicial: se crea un foco de poder mediante el cual se atraen grupos de presión en busca de obtener privilegios a costa del financiamiento del contribuyente. Este hecho se puede ver reflejado en políticas económicas tales como los aranceles, salvaguardias u otro tipo de medidas que coloquen barreras al comercio internacional. Todo ello con el objetivo de “proteger” ciertos sectores nacionales que, si operaran sin dichas barreras, no serian lo suficientemente competitivos como para permanecer en el mercado. En el largo plazo los perjudicados son los consumidores que se ven obligados a adquirir productos de menor calidad a un mayor precio. Se corre el riesgo de perpetuar la ineficiencia, estancar la productividad, la innovación y con ello los salarios.

Por otro lado, se incentiva enormemente la creación de multitud de empresas públicas, ministerios, puestos de trabajo públicos etc. Todo esto a simple vista puede parecer positivo, ya que constituye una transferencia de rentas directas a los burócratas contratados a cambio de su fuerza laboral. El problema radica en que tan buenos y necesarios son dichos puestos de trabajo. ¿Realmente están creando valor? En caso de no hacerlo no significaría mas que un subsidio a costa del financiamiento de los sectores productivos que si están generando valor, todo ello con el lastre que supone mantenerlos operativos e ineficientes. Por último, el gran desincentivo al emprendimiento y a la inversión privada que se genera. Cuando el sector público se expande cada vez más y ocupa porciones crecientes del PIB, deja menos espacio y mas incertidumbre para la operativa privada que es la que realmente genera riqueza. Incluso los jóvenes profesionales recién graduados se pueden ver más atraídos en buscar un espacio a las filas del Estado antes que tomar los riesgos necesarios para emprender, generar empleo de calidad y aportar para el desarrollo conjunto de la sociedad. 

Conclusiones:

Hemos analizado el funcionamiento del proceso de coordinación productivo, el conflicto de intereses producido entre la clase política y el resto de la sociedad, la gran concentración de poder y los malos incentivos que esto genera sobre el sector productivo y, por último, cabe mencionar una reflexión final sobre el tema.

Sobre las situaciones expuestas podemos extraer una certera conclusión: ni la clase política, Estado o sector público (como se quiera denominar) es capaz de crear riqueza por si mismo. No debemos olvidar que el Estado es financiado con los impuestos extraídos de los sectores productivos y que, entendido esto, el rol principal que cumple es de mero distribuidor.

Es por ello que deberíamos cambiar las exigencias que tenemos sobre la clase política. Abandonar ese pensamiento de que el candidato “X” nos traerá prosperidad o que el candidato “Y” va a crear cientos de miles de puestos de trabajo y con ello mejorará nuestra calidad de vida etc. A cambio de esto, adoptar una posición firme en donde se exija seriedad por encima de cualquier cosa, donde se coloquen claras restricciones al poder político para evitar el abuso de poder, la captura de los grupos de presión y el conflicto de intereses. Todo ello mediante un cambio en la forma de analizar a las sociedades actuales. Evidentemente se necesita un Estado presente, pero eficiente, óptimo y con poder limitado. Concentrar mas recursos y acaparar más funciones centralizadamente no es ni condición necesaria ni condición suficiente para el progreso, el desarrollo y la prosperidad.