Bajada de impuestos, ¿Populismo fiscal o viabilidad?

 

Uno de los desequilibrios estructurales de la economía ecuatoriana recae en la administración de los recursos del Estado. En términos simples, el gasto público excede a los ingresos, lo que desemboca en una deuda pública creciente que vulnera la sostenibilidad financiera del Estado a medio y largo plazo. Con las cifras en mano, esto se refleja en un déficit fiscal de aproximadamente $5000 millones para el año 2020. Para hacernos una idea del tamaño del agujero en las cuentas públicas, aproximadamente 2 puntos porcentuales del IVA equivalen a $1000 millones en recaudación. Dentro de este contexto de desajuste fiscal, el gobierno entrante a propuesto una reforma con un objetivo claro: bajar impuestos innecesarios y distorsionadores.

Cabe recalcar que el hecho de reducir o eliminar ciertos impuestos es una medida positiva para la reactivación productiva, no obstante, a corto y mediano plazo supondría una reducción de los ingresos públicos lo cual, sin reducciones importantes en el gasto, agravarían el problema del déficit. 

Es por ello que vamos a visualizar el panorama a corto y medio plazo para analizar el grado de viabilidad que tendría la bajada impositiva.

Reducción del déficit fiscal actual

Ecuador está inmerso en un programa de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En dicho programa, la proyección del déficit fiscal para el año 2021 ronda los $3000 millones.

Sin embargo, hubieron gastos correspondientes al año 2020 que se aplazaron al 2021, lo cual posibilitó cumplir holgadamente con el objetivo de déficit en 2020, pero hará realmente complicado alcanzarlo este año. Colocándonos en una situación mas realista, el déficit que estiman varios analistas para el 2021 supera los $4000 millones (sin aumento del IVA), por lo tanto, lo mas probable es que el Estado incumpla la meta prevista con el FMI y le lleve a renegociar el acuerdo con el multilateral. Esta es la situación de partida de las cuentas fiscales.

Situación del fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IESS)

La situación del fondo de IVM es delicada, ya que presenta déficit de caja desde el año 2014. Dicho déficit se ha ido agrandando y las proyecciones realizadas indican que seguirá aumentando. Esto provoca que el IESS deba empezar a desinvertir los recursos del fondo de reserva, que presenta la siguiente composición: 

Como podemos apreciar, la mayor parte de los activos que componen la cartera del fondo no son recursos líquidos (prestamos hipotecarios, bonos del gobierno...) lo cual le provoca al sistema una fuerte dependencia a corto plazo de los recursos que el Ministerio de Economía y Finanzas le transfiera cada año (por ejemplo con el aporte del 40%, del cual ya existen atrasos). Todo ello teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, el déficit de caja va por un camino creciente impulsado principalmente por el envejecimiento de la población y la caída en el ratio trabajadores afiliados/pensionistas jubilados. Esto significa que, sin reformas a corto plazo, el Estado deberá cubrir una cantidad cada vez mayor con recursos fiscales, lo cual ya se le dificulta en la situación actual. 

En un escenario hipotético propuesto por el Banco Mundial, si el Gobierno no pudiera transferir más de  $1000 millones por año, las reservas líquidas del fondo de pensiones se agotarían en menos de dos años (2022) y no podría cubrir las prestaciones de los jubilados. 

El contexto actual en el sistema de pensiones obliga o a reformar el sistema reduciendo gastos, o a aumentar los ingresos del Estado para que pueda cubrir el déficit a corto plazo. A largo plazo la reforma en el sistema se hace inevitable.

Ley de Educación Intercultural aprobada por la Asamblea

La Asamblea Nacional recientemente aprobó una ley donde establece una subida del salario mínimo de los maestros (a 2,5 veces un salario básico unificado) y la reincorporación de cierto personal desvinculado del sector público durante el año anterior. Todo ello, según el ministro de finanzas, tendría un costo para las arcas públicas de entre $2000 y $3000 millones, lo cuál es totalmente insostenible en el contexto actual de desajuste y consolidación fiscal. De no llegarse a suspender la ley por inconstitucionalidad (por aprobar gastos sin especificar el financiamiento) el Estado debería proponer una subida de entre 4 y 6 puntos de IVA únicamente para financiarla (todo ello sin solucionar el desajuste de partida). A parte de la subida del salario, la ley también permite una jubilación mucho mas laxa para los maestros, reduciendo los años de aportes mínimo y, por consiguiente, aumentando las prestaciones para este sector profundizando los problemas financieros del IESS.

Pago de intereses por Bonos reestructurados

En el primer semestre del año 2020 se llevó a cabo una reestructuración de deuda en bonos soberanos por mas de $17000 millones, consiguiendo plazos mas largos, tasas de interés mas bajas, menor capital a devolver y periodos de gracia. Esta operación le otorgó mayor disponibilidad de recursos al Estado especialmente para atender la crisis sanitaria, sin embargo, a partir del año 2026 se deberá empezar a amortizar la deuda reestructurada, por ello es importante liberar los recursos necesarios los años previos, ya que conforme avance la década los montos a pagar se van a ir incrementando presionando nuevamente las cuentas fiscales si no se alcanza la consolidación presupuestaria. 

Limitación del aumento de la recaudación por el crecimiento económico

Una de las reformas principales que se deben llevar a cabo para consolidar un crecimiento a tasas altas es una reforma del marco laboral. Sin embargo, a corto plazo es muy complicado que se pueda implementar dicha reforma debido a la falta de un consenso social sobre ella. Ni en la sociedad civil ni en la Asamblea (por donde debe pasar la propuesta de reforma laboral) existen acuerdos sobre como deben estructurarse las relaciones entre empleados y empleadores. La falta de una reforma laboral integral puede limitar el crecimiento económico y, por ende, la recaudación derivada de la mayor actividad.

La subida de impuestos a corto plazo, ¿Es inevitable?

Como hemos podido ver, existen varias situaciones que presionan la sostenibilidad fiscal. En este contexto, ya surgieron promesas como bajar el IVA en ciertos feriados del año, reducción de aranceles, reducción gradual de ISD, reducciones en el ICE a ciertos productos etc. Aun tratándose de medidas positivas y necesarias, suponen una caída en los ingresos del Estado y, teniendo en cuenta el compromiso con el FMI y los hechos expuestos, es muy probable que la subida de impuestos acabe llegando, ya sea con un aumento de ciertas bases imponibles del IRPF, aumentos en el IVA, patrimonio o, lo mas probable, reducción de ciertas exenciones. Todo depende en gran parte de si se dan o no las reformas en el IESS, si se elimina o no la ley de Educación Intercultural o si se renegocia o no el acuerdo con el FMI.