Reflexiones sobre la desigualdad y la pobreza.

 

Gran parte de los debates transcurridos en nuestras sociedades (y especialmente en nuestra región) tienen como tema principal dos conceptos: la pobreza y la desigualdad. 
Es muy común escuchar todo tipo de discursos y argumentos atacando la desigualdad económica entre  personas: ¿Cómo puede ser que unos pocos tengan tanto mientras muchos carecen de oportunidades para cubrir sus necesidades más básicas? Esta situación (observar a personas con graves carencias mientras otros individuos gozan de abundancia) es permanentemente calificada como una situación escandalosa e intolerable.
En mi opinión, razones no nos faltan para calificar dicha situación de inaceptable. El objetivo principal del desarrollo económico y social es no dejar a nadie descolgado, poder crear un entorno de vida en sociedad donde cada uno de los miembros tenga oportunidades de cumplir sus objetivos vitales en cooperación pacífica con otros miembros de la sociedad y, desde luego, un contexto en el que solo una parte limitada del grupo tiene las oportunidades de cumplir dichos planes, es una sociedad altamente subdesarrollada. 
Sin embargo, en mi opinión, el centro del debate está mal orientado. No se suele ordenar bien la relación causa-efecto de los dos términos (desigualdad y pobreza). 
La desigualdad no es una causa de dicha situación indeseable descrita anteriormente, mas bien es una consecuencia de la causa principal: la pobreza.
Cuando observamos situaciones de gran carencia para muchos y abundancia para pocos, estamos observando tasas altas de pobreza. Situaciones en las que los individuos no disponen de un empleo estable y altamente remunerado (gracias a productividades crecientes que permiten aumentar la producción y, de este modo, aumentar los intercambios) que les permitan cumplir con sus planes vitales en un entorno de estabilidad y cooperación voluntaria. 
Y no es un hecho menor orientar mal la visión del debate, ya que centrarse en el concepto de desigualdad antes que en el de pobreza implica proponer medidas de política económica mal orientadas a la erradicación de la pobreza (fuertes redistribuciones de la riqueza orquestadas a través del Estado, muchas veces anti técnicas y discrecionales que impiden al sector privado alcanzar un desarrollo pleno para, una vez ahí, financiar planes redistributivos sostenibles).

   

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