La economía ecuatoriana sigue atravesando un periodo de estancamiento de la actividad, en parte debido a las restricciones a la movilidad impuestas para prevenir los contagios de Covid-19, pero también por deficiencias en el funcionamiento de la economía. No debemos olvidar que antes del shock causado por la pandemia, Ecuador ya presentaba grandes problemas (en el año 2019 no se creció, la actividad se contrajo).
Si seguimos retrocediendo en el tiempo, llegamos al comienzo de la contracción económica, destrucción de empleos y aumento de pobreza: año 2014. En dicho año se vino abajo el modelo de crecimiento estatista establecido, con la inversión pública como motor de la actividad económica del país. Una vez concluido el auge petrolero y con un Estado con las cuentas desequilibradas, con un stock de deuda creciente y con un sector privado poco fortalecido, empezó la dolorosa pero inevitable caída. Si la economía crecía gracias a la inversión estatal, y el Estado se quedaba sin recursos, la contracción se volvía inminente.
Esta situación de estancamiento es claramente indeseable para el desarrollo de los ciudadanos, ya que produce un retroceso en los niveles de vida de la población, aumentos en la pobreza, inestabilidad social etc. Es por ello que las propuestas para salir de ese agujero en esta coyuntura no se hacen esperar.
Una de las principales sugerencias para el impulso a la actividad económica tiene sus raíces en las ideas del economista inglés mas influyente del siglo XX: John Maynard Keynes.
Según ciertos economistas defensores de sus ideas, para reactivar el crecimiento, el Estado debe tomar acción en la economía y aumentar el gasto en inversión pública a niveles elevados para, de esta forma, impulsar la demanda efectiva y el consumo de los hogares, incentivar la creación de empleo y mejorar el bienestar de todos.
Sin embargo, en mi opinión, existen ciertos cuestionamientos a esta propuesta de política económica.
Atacando la consecuencia, no las causas.
En primer lugar, la base de esta propuesta radica en la separación analítica de la oferta (entendida como la cantidad total de bienes y servicios producidos en la economía) y la demanda (entendida como la cantidad de bienes adquiridos por los consumidores para consumo presente).
El razonamiento de que aumentando el consumo se va a conseguir un aumento de producción viene dado por observar una consecuencia clara en las crisis: la caída del consumo. Dado que la demanda se reduce, se concibe que impulsándola mediante gasto público se conseguirá reactivar la producción.
Sin embargo, el análisis yerra en cuanto al orden causal de los eventos. La caída del consumo no es una causa de la crisis, mas bien es la consecuencia de un problema de producción.
Es cierto que las familias carecen de recursos con los que consumir en el mercado (de ahí que intuitivamente se busque impulsar dicha demanda). Pero la cuestión de fondo es, ¿por que las familias carecen de recursos? Principalmente porque no tienen un empleo lo suficientemente remunerativo. Y, ¿Qué implica tener un empleo? Estar produciendo bienes y servicios en el mercado.
Por lo tanto, en las mismas raíces analíticas del problema, el enfoque es el equivocado. No es una insuficiencia de demanda la causa del estancamiento, mas bien una insuficiencia de oferta (producción) sin mas.
Las implicaciones de esta gran diferencia entre el enfoque de insuficiencia de demanda y problema de producción son grandes. En el primer caso, se propondrán medidas como las ya explicadas (impulsos al consumo a través de gasto público). Para el segundo caso, se necesitan reformas estructurales que permitan al sector privado aumentar la producción (demandando mano de obra) en un entorno de estabilidad regulatoria, jurídica y apertura a la competencia. Todo ello traerá, como una consecuencia posterior, el aumento del consumo de los hogares (impulsado por las nuevas rentas obtenidas por los empleos creados, es decir, por la nueva producción conseguida).
Mas gasto público sin tener en cuenta la solvencia del Estado
Ahora bien, dejando de lado el análisis realizado, supongamos que efectivamente emprendemos la medida de aumentar el gasto en inversión pública para darle un cierto "impulso" a la actividad económica. Existe una gran limitación actualmente que impediría realizar y mantener esta medida a lo largo del tiempo: la carencia de recursos por parte del Estado.
Para contextualizar un poco la situación de las cuentas públicas, el déficit esperado para el año 2021 ronda los 5000 millones de dólares y el stock de deuda pública/PIB el 65%. Las necesidades de financiamiento para mantener el nivel de gasto del Estado rozan los $10000 millones. ¿Qué implican estas cifras? Que el Estado ecuatoriano, si busca mantener el gasto público actual, cada año deberá aumentar su endeudamiento, ya que los ingresos por impuestos no son suficientes para cubrir los egresos.
En un escenario de tal asfixia financiera, que el Estado se despreocupe de su solvencia y decida seguir aumentando fuertemente y de forma sostenida el gasto crearía un entorno de incertidumbre tan grande ante sus acreedores que generaría serias dudas sobre la propia solvencia del Estado, aumentos en los intereses de las deudas, su quiebra, mayor aumento en la incertidumbre y fugas de capitales.
El hecho real es que ningún agente económico puede endeudarse indefinidamente si no muestra capacidad para devolver sus deudas (y con un déficit fiscal estructural, desde luego lo que menos se muestra es capacidad de devolución).
Sin embargo, se suelen escuchar respuestas a este problema tales como: "el crecimiento económico impulsado por el aumento de la inversión pública generará un aumento de rentas tan grande que hará crecer la recaudación en un monto lo suficientemente elevado como para cubrir el déficit".
En mi opinión, esta es la respuesta "fácil". Básicamente se afirma que gastando mas se alcanzará un crecimiento extraordinario que alcanzará para autofinanciar el gasto inicial y equilibrar las cuentas.
No obstante, dudo mucho que se llegue a tal crecimiento a base de realizar inversiones centralizadamente, con la carencia de información (¿sabe el Estado donde es rentable invertir?) y los malos incentivos (corrupción y amiguismos) que conlleva. Ya se estableció en el pasado un modelo basado en la inversión pública como motor de la economía y mostró sus grandes limitaciones y su insostenibilidad. Busquemos la generación de riqueza por parte del sector privado fortaleciéndolo para, de esta forma, alcanzar un crecimiento sostenible.
JV
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